- Elba Jiménez Solares, catedrática de la UNAM, advirtió que persisten inconsistencias entre el marco jurídico mexicano y la evolución de los estándares globales
- Fue invitada al Seminario Nacional de Derecho Internacional organizado por la Universidad Veracruzana
Carlos Hugo Hermida Rosales / Fotos: Luis Fernando Fernández
Xalapa, Ver.- “La falta de armonización entre las normas nacionales y la evolución del derecho internacional constituye uno de los principales desafíos para México en materia de desaparición forzada”, mencionó Elba Jiménez Solares, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante el Seminario Nacional de Derecho Internacional “Nuevos paradigmas del derecho internacional y su impacto en el derecho mexicano”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), la académica destacó que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 abrió en el país una etapa fundamental para la incorporación de estándares internacionales en el orden jurídico nacional.
“A partir de esa modificación y de resoluciones como la emitida en el caso Radilla Pacheco, cobró mayor relevancia la aplicación de las normas internacionales en materia de derechos humanos, particularmente frente a delitos como la desaparición forzada y la tortura”, explicó.
Jiménez Solares advirtió que persisten inconsistencias entre el marco jurídico mexicano y la evolución de los estándares globales.
Mientras en el ámbito internacional las definiciones y criterios de interpretación sobre graves violaciones a derechos humanos avanzan, en México aún tiene un peso importante el principio de estricta aplicación de la norma penal y la taxatividad, la cual exige al legislador redactar las leyes de forma clara, precisa y exacta.
“Eso genera inconsistencias entre las normas nacional e internacional”, puntualizó la abogada.
La consultora jurídica comentó que México cuenta con diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son indispensables para comprender la problemática, como los casos Radilla Pacheco, Campo Algodonero y Alvarado Espinosa.
“Uno de los aspectos que requieren atención es la responsabilidad penal relacionada con desaparición cometida por particulares vinculados con grupos de la delincuencia organizada”, enfatizó.
Jiménez Solares explicó que el marco legal debe ajustarse para establecer con mayor claridad las responsabilidades correspondientes cuando integrantes de células criminales participen en este tipo de hechos.
Al hablar de la reparación integral de las víctimas, identificó la falta de voluntad política como uno de los principales obstáculos para avanzar, aun cuando existen condiciones jurídicas para hacerlo; a ello se suma la insuficiencia de recursos materiales y financieros, por el crecimiento del número de afectados que requieren atención.
Ante estos desafíos, la experta declaró que una futura reforma del derecho mexicano debe colocar al individuo en el centro del sistema jurídico, por encima de una visión concentrada exclusivamente en los intereses del Estado.