Momento de Acotar
Por Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Rocío Nahle García y Ricardo Ahued Bardahuil
Dicen bien Humberto Beck y Rafael Lemus en un libro, El futuro es hoy. Se cumplió un siglo de que los obispos mexicanos suspendieron el culto público como protesta ante la entrada en vigor de la llamada «ley Calles», Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, que al reglamentar artículos constitucionales imponía severas restricciones y controles a la Iglesia Católica y sus ministros. Entre otras cosas, se obligaba a los sacerdotes a registrarse ante las autoridades, limitaba su número por región, prohibía que los extranjeros ejercieran el sacerdocio y prescribía que las iglesias tuvieran escuelas primarias.
La respuesta del gobierno la suspensión dispuesta por los obispos fue impecable: no solo prohibió el culto, sino también la administración de los sacramentos en casas particulares, y ordenó la clausura de templos y centros religiosos, escuelas, hospitales, orfanatos, leprosarios, conventos, asilos y toda entidad que dependiera de la Iglesia. Asimismo, ordenó la expulsión de sacerdotes extranjeros y del delegado apostólico, la detención de curas y el encarcelamiento de los líderes de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas.
Por otra parte, sindicalistas partidarios del gobierno, con la simpatía del presidente, pretendían crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una Iglesia cismática que desconocía la autoridad del Papa y de la Santa Sede. Se buscaba una Iglesia subordinada al Estado.
Así se daban las condiciones para la movilización de los católicos. La Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas inició un boicot contra el gobierno proponiendo que dejaran de pagarse impuestos y consumirse productos creados por el Estado. El 1° de enero de 1927 dio comienzo en los Altos de Jalisco el levantamiento armado conocido como Guerra Cristera.
El levantamiento se extendió a zonas rurales de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán. Los alzados fueron principalmente campesinos cuyos gritos de guerra eran «Viva Cristo Rey» y «Viva Santa María de Guadalupe». Evidentemente su capacidad militar era muy inferior a la del Ejército mexicano. Aún así, la guerra duró tres años de 1926 a 1929. Algunos cálculos señalan que produjo un cuarto de millón de muertos.
La historia oficial ha minimizado e incluso soslayado, la Guerra Cristera, pues fue un desafío popular campesinos que defendían su religión a la política anticlerical del gobierno. Varios académicos comparten esa visión.
La Cristiada de Jean Meyer (Siglo XXI Editores) es una crónica y un análisis extenso y detallado de esa terrible confrontación fratricida entre campesinos y el gobierno revolucionario. Meyer, nacido en Niza, Francia, y nacionalizado mexicano, emprendió una investigación profunda que influyó en numerosas entrevistas a sobrevivientes de la contienda.
En esa admirable obra, más de mil páginas distribuidas en tres volúmenes sostiene, contra la versión oficial, que la cristiada, palabra ausente del Diccionario de la Real Academia Española no fue un movimiento manipulado, sino un levantamiento popular en defensa de la religión de los combatientes.
No es exagerado decir que La Cristiada es, como La Ilíada de Homero, la historia de una tragedia, la tragedia de los cristeros que arriesgaron o perdieron la vida por defender su fe contra un enemigo el Estado mexicano, frente al que no tenían posibilidad alguna de triunfo. La palabra Cristiada fue una invención popular. La lucha que designa el vocablo fue una lucha igualmente popular.
El grito de ¡Viva Cristo Rey! Sigue escuchándose en Los Altos de Jalisco en festividades que forman parte del folclor y son símbolo de la resistencia en defensa de la fe. Ya no es un grito de guerra, sino una manifestación de fervor religioso, memoria histórica y tradición cultural profundamente arraigada.
En otro tema y tono nos quede claro que si no cuidamos la ciencia, nos vamos a degradar. Si no cuidamos el arte, nos vamos a embrutecer. Si no cuidamos los valores, nos vamos a humillar. Si no cuidamos la economía, nos vamos a empobrecer. Si no cuidamos la justicia, nos vamos a corromper. Si no cuidamos el futuro, nos vamos a aniquilar. Y, si no cuidamos la política, nos vamos a destruir. El conocimiento que no sirve es como la riqueza que no produce.
«Los medios mentimos deliberadamente» esas palabras las pronunció un conocido periodista en una mesa de opinión del extinto CNI Canal 40, el 21 de mayo del año 2000. Al escucharlo Denise Maerker le cuestionó a qué se refería, a lo que Sergio Sarmiento le respondió: ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca?».
Y vaya que mienten. Han pasado ya dos semanas desde que se abordó en la conferencia mañanera la propuesta de lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y la desinformación no ha cesado. En este sentido, independientemente de la invitación que le extendió a quien amablemente le esta columna a consultar el documento de apenas 38 cuartillas que está haciendo sometido a consulta y que ha predominado en el debate público los últimos días, vale la pena, nuevamente, hacer algunas precisiones.
Sergio Sarmiento platica acerca de los riesgos de la aventura gubernamental de tratar de instrumentar mecanismos censores.
Recordé que una ley muy similar a la que ahora se impulsa se impuso en 2004 en Venezuela, con Hugo Chávez, y otra ley muy similar la decretó Rafael Correa en Ecuador, ambos comenzaron con las multas a los medios, después expulsaron periodistas y terminaron quitando las concesiones y prohibiendo contenidos.
«Yo creo, dice Sergio Sarmiento, qué hay buenas razones para oponerse a esto. En primer lugar, porque estos lineamientos para los derechos de las audiencias están mal. Desde el punto de vista ético, el gobierno no tiene por qué ser el defensor de las audiencias. Si alguien no quiere ver un programa en el que aparezca Sergio Sarmiento, pues que le cambie de canal».
Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Estos lineamientos están mal, en primer lugar, porque filosóficamente le permiten al Estado hacer lo que yo siempre dije que deberían hacer las leyes y los tribunales independientes, considerar demandas o denuncias por difamación y calumnia, ya sea en el campo civil o en el campo penal. Está mal porque las propias reglas que ellos quieren imponer a los medios de comunicación, ellos las violan constantemente, cuando además hay una legislación constitucional en nuestro país, estableciendo que son ellos los que sí tienen obligación de presentar toda la información y de presentarla de manera correcta y de manera total.
«Me molesta también filosóficamente que ellos quieren decir qué información es veraz y qué información es oportuna. Un sensor no te puede decir que información es verás y qué información es oportuna. Si yo me quiero arriesgar, tengo una información y tengo fuentes confidenciales y quiero presentar la información la presentó y la defiendo directamente con esa audiencia que el gobierno no quiere reconocer». Pocos derechos humanos son tan difíciles de regular como la libertad de expresión. Cada caso está sujeto a interpretación según su contexto, quien emite el mensaje, los tintes y claroscuros detrás de la expresión. A esto se suma un fenómeno de desinformación y manipulación con uso de Inteligencia Artificial qué complejiza el escenario aún más. Ante ello, ha surgido la necesidad de recurrir a nuestras reglas y repensar en estándares que respondan a estas nuevas necesidades como, un discurso, ha planteado el gobierno mexicano. El problema no es regular, nunca lo ha sido. La gravedad es darle al Estado el control de qué es la verdad. Desde la reforma constitucional de 2013, se estableció que las audiencias tienen derecho a recibir contenidos plurales, veraces y sin publicidad engañosa.
Quizá no resulte ocioso el recordar, una vez más, aquella historia que, desde hace varios siglos nos ha acompañado como seres humanos, así como nos indica el epígrafe inicial de esta posible conversación, pues desde el medieval texto de El conde Lucanor, en su cuento número XXXII, hasta la versión de Hans Christian Andersen, redactada durante el romanticismo europeo, apuntan al mismo. Ambos textos refieren al motivo literario del traje inexistente o invisible que viste un emperador, qué es alabado por una sociedad que no se atreve a contradecir al poderoso monarca.
Salvo un niño, en la versión de Andersen, redactada, y de un palafrenero, en el texto de Don Juan Manuel, que señala la desnudez de quién estaba convencido del espectacular atuendo que solo los privilegiados podrían observar. Y, como un simple juego, una sencilla invitación a la imaginación, podemos suponer que el emperador buscó la estrategia más oportuna para proteger al pueblo de su propia desnudez convenciéndoles que vestía un traje esplendoroso y brillante. Quizá lo complejo radica en potenciar nuestra creatividad para preguntarnos qué había sucedido con el palafrenero y con el niño en sus respectivas historias porque, al menos ellos dos, señalaron lo que resultaba incuestionable.
En ese sentido, suponer que la brújula de las prioridades anda perdida es, simplemente, aplaudir el brillo de los diamantes, perlas y costuras con la necedad de lo ingenuo.