Derechos laborales: deuda pendiente
Mtro. Agustín Torres Delgado, Secretario General de Acuerdos, Movimiento Ciudadano
En el discurso cotidiano del gobierno federal se repiten con insistencia frases como “primero los pobres” y se presume una “transformación” supuestamente centrada en la justicia social. En los hechos, sin embargo, existen millones de personas trabajadoras que siguen desprotegidas por el Estado. En esta ocasión abordaré algunos casos emblemáticos que dan cuenta de ese abandono: repartidores de plataformas digitales, taxistas, maestras y maestros, personal de salud, Guardia Nacional, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. En todos ellos, el común denominador es la precarización, la falta de derechos y un gobierno que, más allá del discurso, mira hacia otro lado.
Personas trabajadoras de plataformas digitales: lo que no se ve tras el pedido a domicilio.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México hay casi 658 000 personas que laboran en plataformas digitales; de ellas, aproximadamente 272 000 perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo, y son justamente estas cifras las que obligan a atender sus derechos laborales. En su mayoría se trata de repartidores y repartidoras que llevan comida, víveres y otros productos, exponiéndose al tráfico, la inseguridad y las inclemencias del clima. Pese a que fueron esenciales, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, a la fecha carecen de seguridad social, vacaciones, aguinaldo o indemnización en caso de accidente. Empresas como Uber Eats, Didi Food o Rappi los clasifican como “socios” o “autoempleados”, un eufemismo claro que elude cualquier responsabilidad laboral hacia ellos.
La iniciativa presentada en noviembre de 2022 por nuestra entonces senadora Patricia Mercado —hoy diputada— propone que las personas trabajadoras de plataformas digitales tengan derecho a contratos laborales, prestaciones de ley y jornadas dignas; sin embargo, dicha iniciativa duerme el sueño de los justos en el Congreso. La propuesta del gobierno federal para regular este sector sigue el mismo camino: congelada y sin aprobar.
Taxistas: vacío legal tras el volante
Esta semana, en Veracruz, taxistas protestaron en diversos puntos del estado para exigir que el ajuste de tarifas no afecte sus ingresos, luego de que la gobernadora Rocío Nahle publicara en la Gaceta Oficial nuevas tarifas sin incremento alguno. Detrás del volante existe una historia marcada por la incertidumbre laboral: los taxistas suelen considerarse trabajadores independientes y viven en una zona gris de la legislación, donde sus obligaciones existen, pero sus derechos no.
No tienen salario fijo ni seguridad social; enfermarse significa dejar de trabajar, y tomarse un día libre es perder ese ingreso. Ni hablar de vacaciones pagadas, aguinaldo o indemnización por accidentes. El avance de las plataformas digitales de transporte —cuyos conductores tampoco gozan de derechos laborales— ha agravado aún más su situación. Quien es taxista trabaja más de 12 horas diarias para cubrir los gastos del automóvil, la gasolina y lo más elemental para vivir.
Detrás del volante hay madres solteras, adultos mayores sin pensión, jóvenes sin acceso a la educación, todos sobreviviendo en un sistema que no los reconoce ni protege. El servicio de taxi es esencial para la movilidad urbana, el auxilio en emergencias y la movilidad en zonas donde el transporte público no llega. Sin embargo, siguen invisibilizados por las leyes laborales y el Estado. Reconocerlos como trabajadores con derechos no es solo una cuestión legal, sino un acto de justicia social que, en teoría, promueve la “transformación” del país.
Silencio legislativo que perpetúa la injusticia salarial
Para cerrar esta columna, cito un caso claro del falso compromiso del gobierno federal con las y los trabajadores. En un país que presume el bienestar como estandarte, resulta profundamente alarmante que el Senado de la República haya bloqueado, mediante omisiones y silencios, una reforma constitucional que sería un acto mínimo de justicia: garantizar un salario digno a quienes sostienen los pilares del Estado.
Se trata de la reforma para establecer salarios dignos para docentes, personal de salud, Guardia Nacional, policía e integrantes de las Fuerzas Armadas. Ya pasó por el proceso legislativo necesario y solo falta que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña —quien en el discurso se declara comprometido con los trabajadores— emita la declaratoria de constitucionalidad. Él se niega a cumplir ese trámite, según han denunciado el senador Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued.
Esa declaratoria tendría un impacto social en más de 1.5 millones de docentes, más de 100 000 trabajadores de la salud, casi 600 000 integrantes de cuerpos de seguridad pública y más de 100 000 elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo han hecho? Sin la declaratoria de validez, la reforma no puede entrar en vigor; más que una omisión técnica, parece un sabotaje institucional. Es una muestra de cómo intereses políticos y cálculos partidistas se imponen cuando lo que está en juego es la dignidad de quienes sirven a la nación.
En Movimiento Ciudadano no vamos a guardar silencio: levantaremos la voz cada vez que sea necesario. Nuestro compromiso con las y los trabajadores lo demanda. Para nosotros no son “los olvidados”: impulsamos las vacaciones dignas, la Ley Silla, y hoy seguimos en la lucha por un salario digno y una jornada laboral de 40 horas. Porque detrás de cada derecho laboral hay una persona, una familia y una historia que merece ser honrada y dignificada.