Atanasio Hernández
Boca del Río, Ver.— Una denuncia pública sacude el panorama electoral veracruzano luego de que ciudadanos y fuentes confiables alertaran sobre la presunta compra de credenciales de elector dentro del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ubicado en Boca del Río, Veracruz. Lo alarmante: los recursos utilizados para estas prácticas ilegales provendrían del Ayuntamiento de Boca del Río.
La imagen captada la noche del lunes, y difundida a través de redes sociales, muestra actividad al interior del inmueble identificado con logotipos oficiales del municipio, lo que refuerza las sospechas de una grave violación a la ley electoral y al uso indebido de recursos públicos. Testimonios señalan que operadores políticos del PAN estarían ofreciendo dinero en efectivo a cambio de credenciales de elector para asegurar el voto en favor de sus candidatos.
Según declaraciones de personas que han sido convocadas a este lugar, los responsables de la operación política forman parte de la estructura del Ayuntamiento boqueño y utilizan vehículos oficiales, así como personal del propio gobierno municipal, para ejecutar estas tareas de coacción electoral. Las acciones se realizan principalmente por las noches, con el objetivo de evitar ser detectados.
Organizaciones ciudadanas y representantes de partidos opositores han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) una intervención inmediata, así como medidas cautelares que impidan la continuidad de estas actividades, que constituyen delitos electorales graves.
El hecho no solo representa una transgresión a la equidad en la contienda electoral, sino que refleja una preocupante colusión entre el gobierno municipal y el partido político en el poder, lo que podría constituir un delito por desvío de recursos públicos y uso indebido de funciones públicas con fines electorales.
Además, se solicitará formalmente la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para investigar el posible uso del inmueble como centro de operaciones ilícitas durante el proceso electoral.