Mtro. Pedro Pablo Castillo Meza
Abogado y Secretario de Estudio y Cuenta en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Durante décadas, el Poder Judicial en México ha sido visto como una estructura hermética, donde el acceso a la justicia ha sido un privilegio antes que un derecho efectivo. La elección popular de jueces y magistrados, que se implementará por primera vez el 1 de junio de 2025, pretende romper con esta lógica y acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, más que una simple reforma, esta transformación implica redefinir el papel del juzgador en una democracia.
El gran dilema es si este cambio logrará una justicia realmente accesible o si terminará replicando las mismas dinámicas de exclusión bajo un nuevo mecanismo de selección. El riesgo no solo radica en la posible politización del proceso, sino en la posibilidad de que, en lugar de romper la burbuja, simplemente se forme otra, ahora con jueces sujetos a dinámicas electorales que pueden comprometer su imparcialidad.
Si bien el artículo 17 de la Constitución garantiza el acceso a la justicia, este derecho ha sido históricamente limitado por procesos judiciales complejos y decisiones tomadas por una élite con poca conexión con la realidad social. La pregunta que surge es: ¿quiénes deben ocupar estos cargos? ¿Basta con el voto popular para asegurar una mejor impartición de justicia, o se requieren filtros adicionales para garantizar que los juzgadores tengan preparación, criterio y un verdadero compromiso con los derechos de la ciudadanía?
Históricamente, el Poder Judicial ha seleccionado a sus integrantes con base en exámenes y evaluaciones de conocimiento jurídico. Este método, aunque cuestionado, ha asegurado que los jueces cuenten con un nivel técnico adecuado. Con el nuevo esquema de elección, el reto será evitar que los cargos judiciales se conviertan en posiciones de popularidad más que de competencia. Sin criterios objetivos, el riesgo de que la justicia se someta a intereses externos es latente.
Es necesario un equilibrio. No se trata de aferrarse al antiguo modelo de designación, pero tampoco de adoptar una reforma sin prever sus consecuencias. La elección de jueces por voto popular puede ser una herramienta democratizadora si se acompaña de mecanismos de evaluación estrictos, transparencia en la selección y una ciudadanía informada que pueda elegir con base en méritos y no en discursos vacíos.
Aquí es donde el papel del pueblo mexicano se vuelve fundamental. No basta con tener la posibilidad de elegir a quienes impartirán justicia, es necesario asumir con responsabilidad este derecho. La participación informada, el escrutinio ciudadano y la exigencia de perfiles con verdadera vocación y preparación jurídica son esenciales para que este cambio no se convierta en una simple ilusión de democratización. Si la ciudadanía no se involucra activamente en la elección de sus jueces, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado bajo una nueva fachada.
El debate no debe reducirse a estar a favor o en contra de la elección popular de jueces. Se trata de discutir cómo asegurar que esta transformación realmente fortalezca la justicia y no termine perpetuando los mismos vicios que pretende erradicar. La justicia debe salir de su burbuja, sí, pero la gran pregunta es si, al hacerlo, realmente se convertirá en un poder del pueblo o simplemente en una nueva élite con ropajes distintos.
Romper la burbuja: ¿justicia para todos o una nueva élite?
El Poder Judicial en México ha sido visto como una estructura hermética, donde el acceso a la justicia es más un privilegio que un derecho efectivo. La elección popular de jueces y magistrados, que se implementará por primera vez el 1 de junio de 2025, busca romper con esta lógica y acercar la justicia a la ciudadanía. Pero ¿garantiza este cambio una justicia más accesible o solo transformará las viejas dinámicas de exclusión bajo otro mecanismo de selección?
El riesgo no es menor. Si bien el artículo 17 de la Constitución garantiza el acceso a la justicia, este derecho ha estado condicionado por procesos judiciales complejos y una élite con poca conexión con la realidad social. La clave está en definir qué tipo de jueces necesita México: ¿basta con el voto popular o se requieren filtros que aseguren preparación, criterio y compromiso con los derechos ciudadanos?
El desafío es evitar que la elección de jueces se convierta en un concurso de popularidad más que de competencias. Sin embargo, considero también que la solución no está en aferrarse al viejo modelo de designación, cerrado a unos cuantos.
La elección de jueces por voto popular será una herramienta democratizadora en la medida en que sean efectivos los mecanismos de evaluación, la transparencia en la selección y una ciudadanía informada que pueda elegir con base en méritos y en la identidad que desarrollen con los candidatos.
Aquí es donde el pueblo mexicano juega un papel clave. No basta con elegir, es necesario hacerlo con información y responsabilidad. La participación informada, el escrutinio ciudadano y la exigencia de perfiles con verdadera vocación y preparación jurídica son esenciales para que este cambio no se convierta en una simple ilusión. Si la ciudadanía no se involucra activamente en la elección de sus jueces, corremos el riesgo de repetir errores del pasado bajo una nueva fachada.
Finalmente, el debate ya no debe ceñirse a estar a favor o en contra de la elección popular de jueces. Ello esta superado. Se trata de discutir cómo asegurar que esta transformación realmente fortalezca la justicia y no termine perpetuando los mismos vicios que pretende erradicar. Porque la justicia debe salir de su burbuja, para convertirse en un poder del pueblo y no en una nueva élite con ropajes distintos.