Con un pago de 120 mil pesos, el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, obtuvo ayer la protección temporal de la justicia federal para no ser detenido o que se le obligue a comparecer ante cualquier autoridad, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de la entidad que gobernó obtuvo una orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de 98.6 millones de pesos, usados en la contratación de un despacho para restructurar la deuda pública estatal.
El juzgado quinto de distrito, con sede en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, otorgó el recurso en favor del ex panista y actual senador electo de Morena, quien justificó su negativa a comparecer argumentando que la acusación de peculado agravado que se le fincó es persecución política y una mentira “en la cual prevalece un ánimo de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos”, del PAN, quien lo sucedió en el poder.
En sus redes sociales, Corral acusó a la fiscalía chihuahuense de fabricar la investigación tres años después de que presuntamente cometió el delito.
Aseguró que la fiscalía estatal usa a Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en su administración (2016-2021), testigo protegido desde el año pasado, luego de ser vinculado a proceso penal, y “ahora, forzada y apresuradamente, me quieren imputar la responsabilidad (…) con un testimonio emergente, usado para decir que yo había autorizado esa contratación y conseguir una orden de aprehensión”.
Sobre el contrato irregular que firmó con el despacho López Elías Finanzas Públicas SC para restructurar pasivos estatales, sostuvo que “se ha impedido, tanto a ex funcionarios de mi gobierno como al propio despacho, la presentación de evidencias”.
Afirmó que la contratación que él realizó fue correcta, y reviró que la corrupta es la actual gobernadora de Chihuahua. “A diferencia de esta fabricación en mi contra, habría que echar la luz a los 10 contratos por 33 millones que María Eugenia Campos le ha dado a Ernesto Cordero (funcionario de la administración federal de Felipe Calderón) en pago de asesoría financiera para adquirir más deuda pública y restructurar créditos”.
Como ya se informó previamente, el miércoles pasado la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo cual evitó el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió al lugar.
Desde entonces, la gobernadora Campos ha mantenido una agenda privada sin dar declaración alguna.
El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, afirmó que Corral habla con lenguaje “esquizofrénico”, y le recordó que la causa penal en su contra fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado y el auditor Héctor Acosta, cuyas atribuciones fueron propuestas del propio ex mandatario en 2018.
De acuerdo con los registros del Poder Judicial, para el ex mandatario se han violado sus derechos establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 189 y 20, de la Constitución.
El juzgado estableció el 27 de septiembre como fecha para la audiencia constitucional a partir de la cual anunciará si le otorga a Corral la suspensión que frenaría por tiempo indefinido el cumplimiento de la orden de aprehensión.
PARA SHEINBAUM Y AMLO SE TRATA DE UNA VENGANZA
Por otra parte, durante su gira de este viernes por el estado de Colima, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, coincidieron en que el intento de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es una venganza política.
En una breve entrevista al término de la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo, la futura presidenta descartó que Corral deba salir de su equipo, ya que aseguró que no hay ningún fundamento en las imputaciones que se le hacen.
A su vez, en su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador había afirmado previamente que esto “tiene que ver con venganzas políticas” por las indagatorias que realizó contra César Duarte, ex mandatario priista de esa entidad fronteriza.
El jefe del Ejecutivo apuntó a la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como operadora del ataque contra Corral, su ex compañero de partido.
López obrador sostuvo que esta persecución se debe, “en parte”, a que Corral es una de las piezas del equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. “Lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el ex gobernador, que se origina porque Javier Corral es el promotor de la denuncia contra el (también ex) mandatario estatal Duarte, la acusación de corrupción. Hay todo un expediente”.
Con esas indagatorias “se demostró que se usó dinero para campañas, que incluso estuvieron involucrados políticos, no sólo de Chihuahua, sino de otras partes del país, políticos vinculados a Manlio Fabio Beltrones”.
El mandatario apuntó que como Corral será legislador “por el movimiento de transformación se apresuran a detenerlo, a implicarlo, para que no pueda ser senador, porque faltan unos días. Eso es todo. Porque si es senador, tiene fuero y entonces tendrían que llevar a cabo una solicitud de juicio político, y en esas circunstancias es más difícil”.
López Obrador recordó que las investigaciones hechas durante la administración de Corral contra César Duarte llevaron a éste a tratar de evadir las acusaciones al irse a Estados Unidos, de donde fue extraditado.
“Pero ya en Chihuahua, por su relación con la actual gobernadora, logra libertad condicional o bajo fianza o domiciliaria. Y entonces, viene la venganza, y acusan que Corral desvió 90 mil 100 millones de pesos y la acusación la hace la procuraduría estatal y el juicio pues lo lleva el Poder Judicial” de dicha entidad.
Con información del diario LA JORNADA.