Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) documentó ilegalidades en 117 asambleas de los aspirantes presidenciales de Morena, al concluir que se trata de actos proselitistas que están fuera del proceso electoral formal.
“Las asambleas no se trataron de eventos partidistas limitados a su militancia ni acotados a temas internos del partido, sino que tuvieron una naturaleza proselitista con la finalidad de posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía de cara al próximo proceso electoral federal”, determinó la Unidad Técnica de lo Contencioso del organismo electoral federal.
Además, personal del INE acreditó que las expresiones de los aspirantes a “Coordinador (a) de la Defensa de la Transformación” están orientadas a “buscar el apoyo de la ciudadanía” para la candidatura presidencial de Morena en 2024.
El diario REFORMA consignó que esta resolución ya fue analizada el pasado viernes por la Comisión de Quejas del INE y, aunque en ella se proponía ordenar a Morena hacer encuentros cerrados y sólo para militantes, la consejera Rita López, con apoyo del consejero Jorge Montaño, empujaron que las asambleas “preferentemente” tuvieran esas condiciones.
El diario capitalino puntualizó que para la dirigencia de Morena, la palabra “preferentemente” no les limita a continuar sus asambleas como hasta ahora lo han hecho.
Entre los argumentos se precisa que el Tribunal Electoral ha definido como “acto partidista de carácter proselitista” a la actividad de algún sujeto relacionado con cualquier partido, dirigida a influir en el electorado.
“Independientemente si va dirigido a la militancia o ciudadanía en general, para presentar una plataforma electoral, solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado, dentro o fuera del proceso electoral”.
Sin embargo, advierte, el artículo 226 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es claro al establecer que quienes busquen una candidatura «no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas».
Incluso, la sanción podría llegar a la negativa de registro como precandidato.
Además, en la mayoría de las asambleas se incumplió con el acuerdo del 16 de junio de la Comisión de Quejas, que ordenó a los aspirantes no hablar del proceso 2024, no usar los actos para posicionarse rumbo a la candidatura presidencial ni expresar propuestas de gobierno.