La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero enfrentará la acusación en libertad porque no se le señaló directamente por la muerte de 40 migrantes y las lesiones que padecieron otros 28 en un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de esta localidad fronteriza.
La audiencia de formulación de cargos contra Garduño Yáñez comenzó ayer a las 9:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua y concluyó cerca de las 17 horas; el juez de control Víctor Hernández Calderón concedió que el comisionado del INM enfrente la acusación en libertad, con el único requisito de firma periódica, pues el ejercicio indebido del servicio público no se considera un delito grave.
El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR acusó al comisionado del INM de permitir que la estancia migratoria en Ciudad Juárez funcionara sin cumplir con requisitos de operación, y de ser responsable de omisiones que derivaron en daños equivalentes a un millón 800 mil pesos por el siniestro en el que fallecieron 40 extranjeros y otros 28 resultaron heridos, aunque sin señalar una presunta responsabilidad en los delitos de homicidio o lesiones.
Después de que el Ministerio Público formuló la acusación, el juez Víctor Hernández preguntó a Francisco Garduño si tenía algo que decir o declarar, pero por recomendación de sus abogados se reservó el derecho de hablar.
La defensa pidió la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para que se resuelva la situación legal del comisionado del INM, por lo que éste comparecerá en la audiencia de vinculación el próximo domingo a las 11 horas.
El juez Hernández Calderón concedió que Garduño enfrente la acusación en libertad. El Ministerio Público pidió que, como parte de la medida cautelar, el comisionado fuera suspendido del cargo y se le prohibiera salir del país, lo que el togado rechazó, por lo que continuará en el puesto mientras enfrenta el eventual proceso en su contra.
VINCULAN A PROCESO A EXDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA
Por su parte, ayer mismo el juez José Avelino Orozco Córdova determinó vincular a proceso a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio indebido del servicio público como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados tras un incendio en un centro de detención migratorio el pasado 27 de marzo.
En una audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, que duró alrededor de siete horas, personal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado presentó la acusación contra el funcionario.
Como medida cautelar, el juzgador determinó que Molina Díaz deberá presentarse cada mes a firmar y que enfrentará su juicio en libertad, ejerciendo el cargo público que ostenta.
El Ministerio Público inicialmente solicitó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, pero a petición de la defensa se definió un plazo de tres meses, con lo que se fijó para el 25 de julio entrante la siguiente audiencia.
NEGOCIA GUATEMALA REPARACIÓN DE DAÑOS
Mientras tanto, el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, informó ayer que su gobierno negocia con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la reparación del daño para los deudos de 19 guatemaltecos que murieron en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y para nueve más que sobrevivieron y permanecen hospitalizados.
Por otro lado, organizaciones denunciaron que en esa ciudad fronteriza prácticamente nada ha cambiado después de los hechos del 27 de marzo pasado, ya que la seguridad de los migrantes sigue sin ser garantizada. Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), declaró al diario LA JORNADA que ha habido un aumento en secuestros y detenciones arbitrarias contra esta población en contexto de movilidad, así como agresiones, estas últimas de forma particular hacia venezolanos.
Entrevistado por el diario capitalino después de la sesión solemne con que se conmemoró el 175 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala, el embajador Chicas Sosa reconoció la disposición y solidaridad del gobierno mexicano para trasladar los restos de las 19 víctimas guatemaltecas a sus comunidades de origen, la recuperación de los indocumentados heridos, que el proceso de justicia avance y el que más le interesa a su país, el de la reparación del daño. Sobre este último punto no precisó en qué consistirá. “Es un tema que está en proceso y ahí rogaría que esperemos”, pidió.
Aparte, en un conversatorio virtual sobre la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron un total de 40 personas, Blanca Navarrete expuso que los secuestros de migrantes en esa zona fronteriza –donde se ubica DHIA– están vinculados al tráfico de personas.
Los datos proporcionados por las autoridades indican casos de personas rescatadas en distintas casas de seguridad, y en algunos de éstos mujeres han denunciado también violencia sexual, dijo.
A su vez, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, informó que organizaciones solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Por su parte, a través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la creación del Sistema de Seguimiento sobre las condiciones en las que se encuentran las estaciones y estancias migratorias del país, el cual entrará en operaciones en mayo próximo.
Con información del diario LA JORNADA