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Destinarán más dinero a programas sociales en 2023

Xalapa, Ver., 16 Nov (SPI).- El 2023 será el año con el mayor gasto en programas sociales en los últimos 11 años en términos reales, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El 58.8 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 se destinó al gasto de programas sociales, es decir, 865 mil 227 millones de pesos, lo que presentó 18.8 por ciento más con lo aprobado para este 2022,

De los ocho programas sociales en el PPEF 2023, destacó el presupuesto asignado a la Secretaría del Bienestar de 408 mil 290 mdp, el más alto de todas las Secretarías.

Dicho aumento se debió al presupuesto para los programas que se administran a través de esta dependencia.

Los programas que recibieron mayor aumento, en términos reales fueron Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (36.6 por ciento), con 335,499 millones de pesos (mdp); Sembrando Vida (20.3 por ciento) con 37,137 mdp y; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (16.4 por ciento) con 24,078 mdp.

El análisis precisó que, en el caso del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el aumento se explicó a la reducción de la edad para recibir el programa a 65 años y por el aumento de 25 por ciento para 2023 en el monto asignado por pensión, de acuerdo con lo anunciado por el Ejecutivo Federal.

El IMCO desatacó que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en 2020 el 43.9 por ciento de la población del país se encontraba en pobreza y el 8.5 por ciento en pobreza extrema.

En este contexto, el objetivo de los programas sociales es mejorar la calidad de vida de las personas en ámbitos particulares para reducir la pobreza.

El IMCO no obstante, puntualizó que para que tengan éxitos los programas sociales, éstos deben tener continuidad y adecuarse a las evaluaciones y recomendaciones que emita el Coneval.

Asimismo, la organización consideró que para la aprobación del PPEF 2023, la asignación de recursos a la función de desarrollo social requiere que se base en evidencia, provista por evaluaciones de impacto como las que realiza el Coneval.

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