Roberto Yerena Cerdán
Por lo regular, el intelectual quiere el triunfo de su verdad y no la competencia franca de las ideas. El intelectual es enemigo de las dictaduras, pero raramente de todas las dictaduras.
*Yvon Grenier, La crítica, el intelectual y la democracia.
El último suceso considerado en los registros fatales de la inseguridad en México – o el que quien cada elija a partir de los abrumadores noticiosos– parece colmar la capacidad de asombro e indignación en la sociedad; lo que ha derivado en presiones de los medios de comunicación para revisar la actual estrategia de seguridad del gobierno federal y de los distintos gobiernos estatales, en aquellas entidades donde se manifiestan actos de violencia que se encuentran prácticamente fuera de control, y que han contribuido a incrementar los índices delictivos y a generar comparaciones en escalas de tiempo a través de distintos gobiernos. A ello se suma el reciente activismo del clero católico que se manifiesta a partir del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua.
La politización del problema puede parecer una banalización de un asunto crucial; pero se omite que la violencia, en su origen y sus formas de contención, posee un componente político ineludible, al margen de las cuestiones jurídicas, sociológicas y sicológicas que se puedan argumentar. Las conclusiones a las que llegan quienes constituyen el establishment de los medios apuntan, discursivamente, en ambas direcciones. Cuestionan la estrategia y responsabilizan al gobierno, especulando que este fracaso de política pública merma las posibilidades de continuidad de la 4T o, por lo menos, condiciona la transición en el 2024, sea quien sea el próximo candidato de Morena. Y, por otro lado, sugieren que las posibilidades de ajustar y mejorar la política de seguridad, en todos los órdenes y modalidades, pasa necesariamente por prestar atención racional a quienes sean considerados como expertos en la materia; sea para afinar conceptualmente el problema y contribuir a su cabal comprensión; sea para derivar de ello cambios operativos que resulten eficaces y permitan revertir las tendencias.
Solo para ser consecuentes con la idea de que existe un saber acumulado en materia de violencia, delincuencia, seguridad e impartición de justicia, una búsqueda no exhaustiva en internet arroja tres referencias interesantes que pueden resultar suficientes para ordenar y poner al día la discusión, sugerencias disponibles que el lector podría consultar sin mayor dificultad. Un trabajo es el coordinado por Gilberto Giménez y René Jiménez (2017), “La violencia en México a la luz de las ciencias sociales”, quienes reúnen ensayos que, si bien resultan temáticamente diferenciados, permiten tener una óptica actualizada donde la sola introducción aborda ordenadamente la cuestión. Otra obra es la de Ernesto Castañeda y Cathy Lisa Schneider (2022), “Charles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social”; una antología muy interesante y de aliento histórico que reúne trabajos del sociólogo estadounidense. Ambas obras son publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
En el mismo orden, el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México ofrece un catálogo de publicaciones (libros, artículos, tesis), compilados como “Estudios sobre violencia en México”. Podrá argumentarse, quizá con cierta razón y con sobrada arrogancia, que existen más y mejores referencias para documentar el nivel de especialización a los que se ha llegado en el tratamiento de la violencia y la seguridad pública; sea por el rango de cubertura temporal y territorial; o por el enfoque minucioso de problemáticas regionales y locales que se han realizado en zonas de altísima conflictividad. A todo ello se suma la producción de películas, documentales, series televisivas, investigaciones periodísticas y novelas que fusionan la realidad profunda de la violencia con la ficción mediática que ha resultado altamente atractiva y rentable. Lo efímero se impone a partir de necesidades mercantiles; y de este apremio se dedican quince días para atender en las pantallas el crimen cometido contra Debanhi Escobar, subir el rating y luego, a la nota siguiente.
Otro nivel de aproximación al tema de la violencia se presenta, eventualmente, en los diversos formatos de discusión académica como suelen ser los coloquios, congresos, seminarios y otros escenarios efímeros de limitada capacidad de influencia donde, para los participantes, lo que importa es citar y ser citado, si bien la atención del público es sumamente limitada. El punto es si esta amalgama de especulaciones, certezas y propuestas tiene la posibilidad de ser atendida en las distintas esferas gubernamentales; al mismo tiempo que los generadores de ideas puedan ser integrados y parcialmente incorporados a la toma de decisiones. Y esto último simplemente no ocurre, aunque en las estructuras de los gobiernos que enarbolan cierto tipo de proyecto político se implementen mecanismos de reclutamiento de élites que solo pueden ser atraídas de las universidades y de las corporaciones o, como en el caso de México, un elenco de personajes a los que se les atribuyeron capacidades no comprobadas en el ejercicio de sus funciones y que fueron reciclados sin controversia alguna durante el régimen priista.
Y así ocurrió en el México posrevolucionario, sobre todo desde los gobiernos civiles, cuando abogados, ingenieros, médicos y maestros dieron forma a un estilo de administración pública de corte burocrático, dotados ellos de un know how suficiente para construir la infraestructura física, educativa y de salud, en un país de aspiraciones modernizadoras; pero a favor de un régimen político hegemónico y plenamente antidemocrático. En este sentido, la UNAM fue la principal fuente de reclutamiento de cuadros profesionales que, inopinadamente, se incorporaron a funciones administrativas y de toma de decisiones.
Bajo esta lógica, habría que preguntarse cuáles son las aspiraciones de las élites académicas o, en términos mas amplios, el papel de las universidades en relación al ejercicio del poder y su compromiso con la sociedad, en cuanto a las posibilidades de ser influyentes y decisivas en la configuración de un país. Además de los abogados, los economistas integraron la siguiente ola especializada, pues las transformaciones experimentadas en la economía mundial obligaban a ponerse al día y en sincronía con las líneas de política económica dominantes. Este cuerpo compacto de tecnócratas festinaba la entrada de México al primer mundo y a la globalización omnipresente, teniendo bajo su control la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el área del comercio exterior; pero el estruendoso fracaso del proyecto modernizador salinista los hizo replegar a sus cubículos y aulas en universidades privadas, donde los estudiantes subestimaban los errores identificados de sus ídolos neoliberales, al mismo tiempo que celebraban tener como profesores a los fieles seguidores del paradigma fondomonetarista y de fascinantes modelos econométricos.
Un estado y sus aparatos de gobierno que actuara racionalmente en todos los campos del ejercicio de su poder y sus responsabilidades asumiendo posiciones desprovistas de orientaciones ideológicas, sería el mejor de los estados. Pero entonces la política cambiaría de naturaleza. Todo sería cuestión de seguir una agenda pública y diversas líneas de acción incontrovertibles derivadas de saberes expertos debidamente ordenados y atendidos, convirtiéndose los académicos en consejeros áulicos con derecho de picaporte.
Complicidades insanas con el poder y desavenencias hipócritas entre ellos, han hecho que los aguerridos y vehementes participantes en las polémicas televisivas apelen a la atención debida de los gobernantes, como no lo hicieron en más de ochenta años, por las razones que se quieran esgrimir. Por censura o por complacencia. Simplemente no lo hicieron. Entonces, si los distintos gobiernos los tuvieron bajo control y bien provistos, ahora López Obrador simplemente no hace caso, porque se trata de interacciones políticas reales donde alguien posee el poder real –efímero, por cierto– y alguien se lo disputa desde un escenario que no es precisamente el de la cruda y vil contienda política; ni como representantes populares ni como activistas sociales.
La relación entre las universidades públicas y la política –en sentido amplio y situado– no es un círculo virtuoso e idílico que ponga en juego a un conjunto de saberes convincentes y a políticos reflexivos; no solo porque responden a lógicas diferenciadas, sino también porque el campo académico posee distintos niveles de conflictividad interna que define una cultura universitaria que rara vez se expone al escrutinio público. Confortable en su nicho de premios y pequeños privilegios, la intelligentsia universitaria –así mismo se autodefinen– no alcanza a un tener un auditorio apreciable, ni al interior de la sociedad, y mucho menos al interior de las esferas de poder, por más que se lo imaginen.
La simulada hipocresía de los medios y de la academia no desentonada con el descaro de los políticos. Lo que existe, realmente, es un conjunto de tensiones no resueltas, porque la crítica ejercida hacia el poder inevitablemente los confronta. En esa lucha, las variantes del virus de la política los alcanza y contagia Si la visión de los llamados intelectuales liberales o de la izquierda moderada tuviese algún eco, eso dependería de la capacidad del régimen político para asimilar o cooptar a los diversos contingentes de libres pensadores que, por cierto, ya tuvieron oportunidad de trascender en gobiernos de distinta orientación ideológica, en apariencia.
Las horas acumuladas por López Obrador en las ¨mañaneras” no alcanza el nivel de la cobertura y tiempo en pantalla que tienen los “opinadores” profesionales de las televisoras. No hay razón de queja. Si la crítica política –inevitable y necesaria en una democracia– se vuelve una estrategia mediática para minar el ejercicio de un gobierno, es un recurso válido ante la falta de contrapesos, como también lo es el reconocer que se trata de una auténtica confrontación discursiva, donde la elocuencia de la pléyade de especialistas no ha sido capaz de neutralizar y superar en influencia al mismo presidente; así sea ¨con sus reacciones vitriólicas y desenfrenadas contra los intelectuales del país¨, como lo afirma el tan auténtico e influyente ex canciller, Jorge Castañeda. Otro presidente, el que ustedes quieran, no hubiese soportado tal nivel de carga opositora en medios de comunicación frente a los desastres mayúsculos que provocaron.
El tema de la inseguridad no debiese someterse a las disputas políticas; y sí exige ser repensado a profundidad y con visión de estado. El actual gobierno deberá afrontar, a corto y mediano plazos, las consecuencias fallidas de su estrategia para reducir significativamente en nivel de criminalidad que campea en el país. La corrección, en el mejor de los casos, sería a nivel técnico y operativo; pero no se dejará de lado el cálculo político subyacente. Pero consultar a los expertos académicos o a despachos de consultores externos especializados no sucederá; porque cualquier clase de conocimiento, como tal, plasmado en el ejercicio de la política sufre terribles deformaciones; además de palpables ausencias.