- Se estableció la necesidad de trabajar desde distintos ejes como escuchar la opinión y sentir de niñas y adolescentes sobre prácticas forzadas matrimoniales para el desarrollo de políticas. También, redefinir usos y costumbres para que estén acorde con el respeto a sus derechos
La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE Sipinna), Constanza Tort San Román, afirmó que la venta de niñas y de adolescentes con fines matrimoniales o de unión temprana es una conducta reprochable tanto a nivel social como político, por lo que llamó a todas las instancias competentes a generar acciones urgentes a fin de prevenir nuevos casos y dar protección a quienes requieran ayuda de las autoridades.
En reunión interinstitucional, subrayó que desde el año pasado se convocó a autoridades de la Administración Pública Federal (APF) y estatal, academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para establecer acciones conjuntas que lleven a comprender y erradicar la llamada venta de niñas con fines matrimoniales o de unión temprana.
Explicó que, a partir de casos difundidos en medios de comunicación durante 2021, la SE Sipinna asumió la responsabilidad de convocar a instancias federales para que, juntas y articuladamente, puedan generar acciones para acabar con este flagelo desde su raíz.
“Los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes son inalienables. Las condiciones de violencia y perjuicio que enfrentan muchas comunidades plantean retos y nos obligan a asumir medidas extraordinarias para que este sector de la población logre todos sus sueños y esperanzas en completa autonomía”, planteó.
Comentó que en las reuniones de trabajo se reconocieron las carencias que se tienen para un abordaje integral: falta información estadística actualizada que dé cuenta del panorama nacional real; ausencia de un corpus de conocimiento y del lenguaje que ayude a conocer a cabalidad este fenómeno; y carencia de un marco jurídico adecuado y de protocolos.
Asimismo, la encargada de despacho de la SE Sipinna, Constanza Tort San Román, señaló que a partir de este diálogo se contará con un documento donde se recopilen conceptos, criterios y categorías clave sobre la venta de niñas con fines de matrimonio forzado, y ello permitirá construir políticas necesarias en los territorios y las comunidades con mayor incidencia del problema, a partir del Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez.
Las y los representantes de las instituciones estratégicas participantes concluyeron en la necesidad de trabajar desde los siguientes frentes:
- Mejorar el concepto de venta de niñas y matrimonio forzado que incluya la desagregación de datos entre niñas menores de 12 años y las adolescentes de entre 12 y 17 años; que no discrimine a las poblaciones indígenas y sus dinámicas matrimoniales y, si es el caso, redefinir el concepto de usos y costumbres, con el propósito de que estén acordes con el respeto a derechos de las niñas y las adolescentes; y que respeten el límite de no vulneración de derechos humanos.
- Escuchar la opinión de las niñas y las adolescentes que enfrentan esta problemática y, con base en lo que sienten y piensan, formular nuevas acciones.
- Impulsar la unificación de los códigos penales sobre la violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes, y la revisión de las normas que puedan ser discriminatorias hacia ellas, que consideren que existen matrimonios que tienen como base la violencia estructural.
- Para efectos del empoderamiento de niñas y adolescentes deben contemplar las condiciones de pobreza en la que viven muchas comunidades.
- Trabajar con autoridades comunitarias indígenas para que la información se les proporcione en sus lenguas; y propiciar la creación de espacios de participación para lograr una perspectiva más abierta en educación sexual.
- Promover la inversión pública y privada para que los servicios de salud, acompañamiento y justicia estén cerca de las comunidades.
- Instalar los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes municipales pendientes en el país.
- Establecer mecanismos de mediación en las comunidades de usos y costumbres para que se respeten los derechos humanos de niñez y adolescencia.
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