Agencia Espejo del poder
Este lunes, a las 9:00 horas, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, comparecerá a audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, así como acreditar que se encuentra en la Ciudad de México; pero según publican esta mañana varios medios, la FGR alista una embestida contra el ex dirigente panista y pedirá que sea encarcelado por recibir un supuesto soborno de la constructora trasnacional brasileña Odebrecht.
El diario El Universal apunta que esta será la tercera ocasión que la FGR intenta imputar al panista quien, aunque comparezca por videoconferencia, deberá estar en el mismo sitio donde se encuentren sus abogados, pues en octubre pasado, en audiencia, los fiscales informaron al juez que existen registros de que Anaya salió del país y no ha regresado, razón por la que el juzgador lo conminó a conectarse desde territorio nacional
Derivado del avance en el semáforo epidemiológico de Covid-19, desde el 3 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reinició las audiencias presenciales en los centros de justicia, por lo que es posible que el excandidato sea citado de manera física.
En cualquiera de los dos casos, si la FGR logra que Anaya sea vinculado a proceso, puede solicitar al juez sujetarlo a prisión preventiva justificada mientras dura su proceso penal.
El caso contra el panista derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la que señaló a 70 personas por actos de corrupción y con la que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para librar las acusaciones que enfrenta por Odebrecht y Agro Nitrogenados.
De los 70 mencionados, el ex candidato presidencial será el segundo en comparecer ante un juez para escuchar la imputación y las pruebas que la FGR tiene en su contra.
En su denuncia, Lozoya dijo que fue instruido por Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, para entregarle 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que votara por la reforma energética.
El ex director de Pemex indicó que su exjefe de escoltas, Norberto Gallardo, fue el encargado de dar a Anaya dicha cantidad en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el panista afirmó que en 2014 él no era diputado federal pero, de acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma energética, existe constancia de que el excandidato votó a favor de la modificación.
La denuncia de Lozoya había servido al ex funcionario para negociar con la FGR un criterio de oportunidad y que los fiscales no solicitaran sujetarlo a prisión preventiva justificada, beneficio que disfrutó durante 15 meses. Luego de darse a conocer las fotos donde el exdirector de Pemex aparece cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, la fiscalía cambió la postura y desde el 3 de noviembre Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.
Desde agosto pasado, la fiscalía intentó, por primera vez, imputar al panista, pero debido a que no había dado acceso a la defensa a la carpeta de investigación, el juez difirió la audiencia para octubre.
Al ser notificado de la primera diligencia, Anaya informó que se autoexilió de México porque consideró que existe una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para octubre, cuando se realizó la segunda audiencia, la FGR dio acceso a la carpeta de investigación pero apenas unos días antes de la cita los fiscales agregaron un legajo de mil hojas. Por ello, los abogados de Anaya indicaron al juez que requerían más tiempo para estudiar los documentos nuevos.
En una reciente entrevista con el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), la primera desde que abandonó México, en julio pasado, Anaya aseguró que “habría sido el soborno más estúpido de la historia. O compraron el voto de alguien que no tenía un voto, o pagaron por un voto que deposité meses antes”. Y afirmó que “López Obrador es autoritario, es vengativo y me quiere destruir”.
De ser declarado culpable, Anaya podría enfrentar 30 años de prisión, además de quedar inhabilitado para buscar la presidencia de nuevo, como hizo en 2018, cuando perdió ante AMLO.
Por su parte, el presidente López Obrador ha calificado a Anaya de “corrupto, hipócrita” y señalado que si es inocente, debería enfrentar a la justicia, sugiriendo incluso que pasar tiempo en prisión podría fortalecerlo.
“El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, expresó el mandatario en una de sus conferencias de prensa.
En declaraciones también al WSJ, Carlos Elizondo, ex directivo de Pemex, dice que la acusación sobre los sobornos no tiene pies ni cabeza. “No tiene ningún sentido. Odebrecht nunca estuvo interesada en la reforma energética, sino en los contratos de construcción”.
Anaya agregó que además su voto a favor de la reforma energética no fue algo sorpresivo, o un cambio de opinión. Por años, explicó, su partido presionó por poner fin al monopolio del gobierno sobre la exploración petrolera. “Si hubiera votado contra esa reforma… la gente habría pensado que enloquecí”. dijo.
Según publica hoy el diario Reforma, si Anaya no comparece o no acredita que se encuentra en la capital del país, la FGR también pedirá su aprehensión por estar “sustraído de la acción de la justicia”.
El diario capitalino prevé que la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero solicite la prisión preventiva justificada por un probable riesgo de fuga, precisamente porque desde el 5 de julio pasado el panista se fue del país, según informaron al diario capitalino funcionarios del gobierno federal.
Desde el 26 de agosto, el juez Gustavo Aquiles le advirtió al ex candidato presidencial que si este lunes no acredita que está conectado por videoconferencia desde un lugar de la Ciudad de México, se tendría por incumplida su asistencia a la cita judicial y en consecuencia será procedente otra forma de conducirlo a proceso.
Otro juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, ya había negado también a Ricardo Anaya aplazar por 40 días la audiencia que tiene programada para este lunes, en la que la FGR pretende imputarlo por el supuesto soborno de 6.8 millones de pesos derivado del Caso Odebrecht.
Fuerte Tapia resolvió que la solicitud del panista era improcedente y le pidió exponer en la audiencia de este lunes sus razones para pedir aplazar la comparecencia.
El 26 de agosto y el 4 de octubre se pospusieron las diligencias porque Anaya y su defensa legal argumentaron que no habían tenido acceso a todas las constancias de la carpeta de investigación.