Agencia Espejo del poder
La Secretaría de Gobernación (Segob) instruyó a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten y cesen a los servidores públicos que “hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con ex servidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos, que por su gravedad hayan puesto en riesgo no sólo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones”.
De acuerdo con un oficio de la Segob enviado el pasado 19 de octubre, cuya copia fue publicada este sábado por el diario La Jornada, en la petición se demanda además tomar medidas para “erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones”.
El diario capitalino resalta que en el documento oficial signado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el titular de la Segob reitera el compromiso de combatir la corrupción, una exigencia que en varias ocasiones ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha llevado a la revisión de quiénes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal.
Funcionarios federales revelaron que el oficio, que no menciona a ningún ex funcionario por su nombre, busca desarticular la red de complicidades que aún opera en el gobierno federal y sirve a los intereses del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, actualmente preso y procesado en estados Unidos, así como a los principales colaboradores del ex jefe policiaco calderonista.
Las fuentes consultadas por Gustavo Castillo García, reportero de La Jornada, señalaron que existen casos concretos que preocupan a la actual administración federal, ya que los vínculos creados por García Luna y sus colaboradores más cercanos se extendieron a puestos operativos considerados de bajo riesgo y que aún sirven a una red de corrupción que involucró a instituciones de seguridad e inteligencia y benefició a grupos delictivos.
Según la versión dada al periodista, la finalidad es terminar con presuntos vínculos creados con los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva por ex funcionarios bajo investigación como Luis Cárdenas Palomino, sujeto a proceso penal por tortura; Facundo Rosas Rosas y Ramón Eduardo Pequeño García, ambos también investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
ESTO DICE EL OFICIO
El documento reproducido por La Jornada, dice textualmente: “Como es de su conocimiento, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción y la impunidad, lo que implica en consecuencia ejercer un gobierno libre de prácticas ilegales y privilegios, haciendo frente y erradicando conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones.
“En tal virtud, es exigible un compromiso cotidiano de todas las dependencias e instituciones, particularmente de todas y todos los servidores públicos que lo integran para cumplir con sus tareas pensando siempre en el bienestar del pueblo, y guiados por los principios que deben caracterizar al servicio público, privilegiando la honestidad y la transparencia en nuestro proceder.
“No omito precisarle respetuosamente, que este llamado a la congruencia implica la toma de decisiones firmes e inmediatas para garantizar que se cumpla con la exigencia de contar en el servicio público con los hombres y mujeres más comprometidos con el avance y la transformación de nuestro país.”
Como ya se ha informado, Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, enfrenta actualmente dos juicios en Estados Unidos, el primero por narcotráfico, lavado de dinero y nexos con grupos del crimen organizado a solicitud del gobierno estadunidense, y el segundo, promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por robo de recursos del erario mexicano durante su gestión como titular de la SSP.
El juicio contra García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, acaba de aplazarse hasta octubre de 2022, según determinó el miércoles pasado el juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan.