Agencia Espejo del poder
La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal comandada por 9 ex funcionarios, cuyos delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión.
Entre los principales “líderes” de ese grupo delictivo, la FGR señala al ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; al director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado: al ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, y a la ex coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga, una prestigiada investigadora de la UNAM que en sesión extraordinaria del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana, celebrada el 14 de marzo de 2011, fue propuesta y aprobada para formar parte de la H. Junta de Gobierno de la UV en sustitución de Romualdo López Zárate.
Sin embargo, la doctora Tagüeña Parga sólo desempeñó este cargo dos años, pues renunció en 2013, lo que obligó a la Junta de Gobierno a designar en su lugar a la doctora Soledad Loaeza Tovar como integrante externa, por el periodo del 11 de octubre de ese año al 14 de febrero de 2016.
En un comunicado oficial, la Junta de Gobierno de la UV lamentó “la decisión de la doctora Julia Tagüeña Parga de renunciar a este cuerpo colegiado, pues su vasta experiencia y alto nivel científico, académico y humano contribuyeron significativamente al desarrollo de sus labores. La renuncia se presentó con fecha 24 de junio, debido a que la implementación de las nuevas políticas del CONACYT le exige a la Dra. Tagüeña tiempo completo absoluto, dejándola sin espacio para garantizar su presencia en las consultas directas a la comunidad universitaria y en las entrevistas a los candidatos a la rectoría”, que se realizarían entre julio y agosto de 2013 como parte del proceso de sucesión rectoral, del que hace ocho años salió designada la doctora Sara Ladrón de Guevara, a la sazón directora del Museo de Antropología de Xalapa.
La Junta de Gobierno acordó, en esa sesión extraordinaria, no nombrar a un nuevo miembro en sustitución de la doctora Tagüeña, dada la inminencia del proceso de designación de rector y la falta de tiempo, para un nuevo miembro externo, de familiarizarse con la situación y necesidades de la Universidad Veracruzana. En esa ocasión, la JG de la UV expuso que “la falta del noveno miembro no representa un problema para la designación, en tanto que la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, en su artículo 9, indica que la designación del rector requiere el voto de al menos 6 de los miembros de la Junta de Gobierno.”
ACOSADA POR LA FGR
Ahora, la doctora Julia Tagüeña es una de las científicas del Conacyt acosadas y acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según publicó este domingo el diario Reforma, la Fiscal que lleva este caso, Genny Franco Martínez, en su solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto, planteó que “de los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos 4 directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”.
El diario capitalino refirió que la pena para estos cuatro ex funcionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero.
Lo anterior, porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de 5 a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
Al argumentar la necesidad de cautela, la FGR indicó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió la orden de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
Para armar el caso, el diario Reforma detalla que la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron. Y que en la segunda audiencia le aprobaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer.
El periódico capitalino apunta que, antes, el SAT le había entregado a la FGR las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019, y que las entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.